La LUC, a través de artículos 393 y siguientes creó la Comisión de Expertos en Seguridad Social, integrada por 15 miembros designados por el Poder Ejecutivo, de los cuáles 9 pertenecen a la coalición de gobierno, 3 a la oposición, 1 al PIT CNT, 1 a las organizaciones empresariales y 1 a la organización que nuclea a los jubilados (ONAJPU).
Se establecieron 90 días para la presentación de un informe de diagnóstico -que ya fue presentado- y posteriormente 90 días para la presentación de un informe conteniendo recomendaciones, plazo que estaría venciendo en junio de este año.
El primero de los informes fue aprobado por 10 votos (se requería 9) y por la especial forma de funcionamiento, que exige votar una única decisión, las discrepancias están contenidas en votos negativos, lo que no refleja para nada la realidad, dado que son muchos los puntos de coincidencia (reiteramos que se trata de un diagnóstico), sin perjuicio de que las discrepancias refieren a puntos medulares de enfoque. Por este motivo las discrepancias están contenidas en un documento aparte, lo que no hace posible contar con un panorama preciso sin tener en cuenta ambos simultáneamente.
Sin perjuicio de todo esto, se ha realizado un enorme esfuerzo de acopio y sistematización de información, quedando de manifiesto que resulta absolutamente necesario una impostergable modificación del sistema, dado que el mismo presenta marcados déficits de financiamiento que urge atender, como asimismo profundas inequidades que también demandan atención.
En lo que tiene que ver que con la cobertura, se destaca las altas tasas en lo que refiere a pasivos, que se ubica en el 97 por ciento en los mayores de 65 años, la que se obtuvo fundamentalmente mediante medidas orientadas al acceso a la jubilación, modificando las causales e incorporando el cómputo del ficto por hijo para la mujer. De modo que ese porcentaje de personas que superan esa edad, reciben algún tipo de prestación.
Esto se ha reflejado en que la incidencia de la pobreza entre los mayores de 65 años pasó del 9 por ciento en 2000, al 1,8 en 2019 y, como consecuencia de ligar las jubilaciones al índice medio de salarios (que aumentaron en términos reales en ese período por presión fundamentalmente de Consejos de Salarios), entre 2007 y 2017 aumentaron continua y persistentemente, ubicándose hoy la relación entre jubilación medio y salario medio en un 66 por ciento.
El actual sistema combina en cuanto a su financiación, la solidaridad inter generacional, mediante el cual los activos aportan para financiar a los pasivos; y el ahorro individual o capitalización, en el que cada sujeto individualmente considerado, financia su propia jubilación a través de sus ahorros, combinándose ambos (sistema mixto).
El sistema de ahorro individual, que fuera mirado como la solución mesiánica cuando se produjera la anterior reforma del sistema en los años `90, ha resultado un absoluto fracaso, pues únicamente ha adherido al mismo (por inconveniente) únicamente un 0,0022 por ciento.
Hay varios puntos de partida comunes, lo que ratifica que los votos negativos no reflejan necesariamente discrepancias, sino en muchos casos, matices.
Entre otros, la impostergable necesidad de introducir cambios que viabilicen financieramente el sistema, la necesidad de eliminar ciertas inequidades que no parecen tener lógica y que los cambios en el mercado de trabajo y la demografía han impactado decisiva y sustancialmente.
Las diferencias surgen en el camino a seguir.
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